La patronal educativa Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) apuesta una vez más por la libertad educativa, la patria potestad y los consensos básicos en materia moral ante la entrada en vigor, el día 5 de julio de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En concreto, la CECE quiere realizar las siguientes consideraciones ante la inquietud que esta ley genera en los centros educativos y las familias:

1. El artículo 5.1.a del capítulo I, Título I de la Ley establece que “Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”. Desde nuestro punto de vista este artículo podría entrar en colisión con dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española:

• El de las familias que son quienes deciden el tipo de educación que quieren para sus hijos, entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quién determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo.

• El de creación de centro y desarrollo del ideario de éste. Introducir en los “contenidos formales” este tipo de formación puede chocar con el ideario y carácter propio de muchos centros escolares de iniciativa social.

2. El artículo 9 establece la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, por el que los Ministerios de Igualdad y de Sanidad introducen en los centros la figura de “agentes sanitarios”, cuya función es impartir esta formación, sin dejar opción ni a la dirección del centro ni a organizaciones afines para que intervengan dando una visión desde su ideario o carácter propio. Entendemos que se trata de una injerencia en la labor del centro, ya que se considera impuesta la figura de un docente que no ha elegido el centro para impartir, además, una materia de naturaleza tan delicada.

3. La CECE entiende que esta nueva normativa establece un nuevo ámbito de intervención de la Administración en una esfera que tiene que ver con la privacidad y que podría atacar derechos fundamentales como los relativos a la libertad ideológica y religiosa de la persona. Por estas razones, la CECE pide que esta ley no entre en vigor hasta que se pueda asegurar que su desarrollo normativo sea absolutamente respetuoso con la labor educativa de las familias, el carácter propio y autonomía de los centros y profesionalidad de los docentes.

4. La CECE considera que los centros deben educar siempre en una cultura de la vida, donde la tragedia de un embarazo no deseado no se solucione con otra tragedia, la del aborto. Nuestra escuela está persuadida e ilusionada en defender siempre a los más débiles porque una sociedad que protege al más débil es más fuerte, más humana, más solidaria, más comprometida.

La CECE es una organización patronal heterogénea que aglutina a cerca de 6.000 empresas educativas de todo tipo.